Autoridades de diferentes niveles y en funciones, supieron, ocultaron y manipularon la información sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, además, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), participaron en las detenciones, interrogatorios y tortura de varios detenidos.
“Todos colaboraron para desaparecerlos”, esa es la conclusión a la que llegaron los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y con esos delitos, se construyó entonces la llamada “verdad histórica”, en torno al caso ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014.
“Tuvimos información de que realizaron un operativo de inteligencia de carácter reservado con un grupo especial de inteligencia del que no hemos conocido casi nada, llevando a cabo detenciones y torturas en el que hemos identificado el resultado de muerte de dos personas en esos operativos no se sabe quiénes son… solamente tenemos una fotografía”, señalaron Carlos Beristain y Ángela María Buitrago, integrantes del GIEI.
Al entregar su informe, los especialistas mencionaron que personal de la Marina monitoreó las comunicaciones, además tenían una fotografía de dos cuerpos con vendas en las manos, las cuales analizarán y verificarán, además de otras cinco personas de las cuales se desconoce su paradero.
Beristain subrayó que también hay cosas que no se han contado de la actuación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Se acuerdan que el año pasado mostramos un video de un dron. La actuación de la Sedena el 27 de septiembre, fue ilegal. Sabemos que el escenario del basurero de Cocula en Guerrero es un escenario donde se construyó la llamada versión histórica y hubo una intervención previa de Marina que no había sido contada y que encontramos en un video secreto”, indicó.
Carlos Beristain
Los marinos, añadió, intervinieron el 28 de septiembre en cuestiones de seguridad perimetral para que se pudieran hacer diligencias y la participación de los buzos en el Río San Juan, municipio de Cocula, donde se encontró una bolsa oficialmente el día 29 de septiembre del 2014.
Después supieron de la visita de Tomás Zerón, como titular de la Agencia de Investigación Criminal, y con un detenido el 28; el Ejército se “movilizó de diferentes maneras durante la noche de la desaparición de los estudiantes de Iguala, contrario a lo que manifestó en diversas entrevistas”.
Buitrago aseguró que los militares tuvieron comunicación con el C4 de Iguala en diferentes momentos, además acudieron al Palacio de Justicia municipal. “Niegan los monitoreos, pero encontramos 16 documentos que hacen referencia a los movimientos”, refirió.
Acusan colusión con el narco
Durante su último informe, los expertos del GIEI señalaron al Ejército, Marina, Cisen y a las policías locales de tener una participación activa en la desaparición de los 43 normalistas los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
Tanto las Fuerzas Armadas como las corporaciones policíacas supieron en tiempo real lo que ocurría con los jóvenes, no los protegieron y falsearon información durante la investigación para esclarecer el caso.
Beristain consideró que existe una intencionalidad que no deja aclarar la desaparición o de ocultar partes significativas para no encontrar justicia, “a pesar de la voluntad política inicial, cuando se llegó al núcleo duro de la verdad de nuevo prevaleció el ocultamiento”.
Lamentó que aún hay negación por parte de Sedena, Semar y el Cisen para esclarecer el caso, actualmente, manifestó, es un comportamiento más corporativo que compromete la verdad que es la base del núcleo de mentiras acumuladas, “no es fruto de la inercia o de la burocracia institucional, existe una intencionalidad que no deja aclarar los hechos o que oculta partes muy significativas de los mismos, para que haya justicia se necesita que la Fiscalía General de la República tenga una independencia y profesionalidad que se requiere y no sufrir los obstáculos de personas que participaron”.
